El derecho a la Información Pública constituye un derecho humano fundamental que tiene tres aspectos característicos: en primer lugar implica la posibilidad cierta de que los ciudadanos puedan solicitar y recibir información en manos del Estado, en segundo lugar refiere también a la obligación de éste de difundir información de manera proactiva sin mediar petición alguna y en tercer lugar la obligación del Estado no sólo de poner a disposición de los ciudadanos la información disponible, sino también de producir ciertas categorías clave de información.

Se entiende por Información Pública a toda información en manos de los órganos y poderes del Estado y aquella que se genere con fondos públicos o a partir de la concesión, explotación, delegación o autorización de funciones, servicios o bienes públicos. El Derecho a la Información Pública se fundamenta en la idea que la información producida y en manos del Estado constituye un bien público del cual los agentes públicos sólo asumen el rol de custodios, por tanto esta información debe ser accesible a la sociedad a menos que exista un interés público superior que obligue a mantenerla  en secreto.

El acceso a la información pública abre nuevos canales de comunicación y mejora los procesos de producción de información que redundan en mayor eficacia del accionar público.